Dirección Xeral de Ordenación do Xogo

En las Orientaciones se hacen una serie de recomendaciones al respecto con las que se pretende incrementar la seguridad jurídica mediante una mayor transparencia, para minimizar la posibilidad de comportamientos arbitrarios y, en definitiva, reducir la litigiosidad que puedan alcanzar estas cuestiones. Las recomendaciones son las siguientes:

• Inclusión en el contrato: en él se debe indicar la habilitación expresa al operador para acordar esas medidas. Así, en el mismo se incluirá, entre otros casos, los previstos en la normativa de juego (a modo de ejemplo, la imposibilidad de abonar premios a participantes incursos en prohibiciones subjetivas -menores de edad, incapacitados, autoprohibidos, o que tengan estrechos vínculos con el operador, etc.-, y la suspensión o resolución del contrato por determinados comportamientos del participante: fraude, colusión o puesta a disposición de terceros de su cuenta), o las derivadas de determinadas  obligaciones legales a cumplir por los operadores (como la colaboración en la prevención contra el blanqueo de capitales, la de asegurar la integridad y seguridad de los juegos, la lucha contra el juego ilegal y las actividades delictivas asociadas).
• Motivación válida: el operador debe fundamentar sus decisiones en motivos válidos y admitidos en Derecho (bien por estar recogidos en la normativa de juego, o que no incurran en las causas para considerar abusiva una cláusula), tasados y especificados en el contrato.
• Información al participante: se incide en la oportuna explicación/información al participante involucrado sobre la medida adoptada y su motivación, comunicada en tiempo y forma oportunos. En el caso de que la decisión se refiera a una apuesta, jugada o pronóstico concretos, esa comunicación se hará, en la medida de lo posible, con anterioridad a la finalización del evento, hecho o circunstancia objeto de los mismos, y se asegurará la extensión de esta decisión al resto de participantes cuando resulten aplicables las condiciones que la determinaron.

No obstante, en las Orientaciones se establecen distintos niveles en la información a proporcionar al participante, pues en algunos casos la legislación no permite al operador facilitar determinada información. Así, la información a suministrar puede variar en función de:

• la naturaleza de la decisión, y, en concreto, a aquella que afecte a condiciones esenciales del contrato de juego, como la vigencia del contrato, alteraciones de las condiciones previamente pactadas, o incidencias sobre los fondos del participante); en estos casos, la información será más completa y detallada;
• la concurrencia con otros intereses públicos de los que se deriven obligaciones legales para los operadores, ya sean éstas de orden público o vinculados con los compromisos sobre la gestión responsable del juego (como asegurar la integridad del juego, la lucha contra el fraude, prevención del blanqueo de capitales, la lucha contra el juego ilegal y las actividades delictivas asociadas, etc).