La lucha contra el fraude constituye uno de los fundamentos de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (Ley 13/2011 o LRJ) y en consecuencia del establecimiento de un marco regulado para la actividad de juego de ámbito estatal ofrecida mediante la correspondiente licencia. En este sentido, el establecimiento de sistemas y mecanismos para la prevención del fraude y del blanqueo de capitales es una obligación expresamente contenida en el título habilitante para ofrecer actividades de juego de ámbito estatal, en concreto en las distintas licencias generales detentadas por los operadores.